Compromiso n° 11: Construir colaborativamente una propuesta de política sobre creación de un registro de dueños reales (beneficiarios finales - BF) de empresas

Descripción

El concepto de beneficiario final o dueños reales de las empresas ha irrumpido en la agenda nacional e internacional como uno de los aspectos más relevantes a la hora de asegurar la transparencia en el acceso al mercado público, los subsidios estatales, la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y la prevención de la corrupción y el fraude en transacciones entre entes privados y públicos. 

La figura del Beneficiario final ha sido definida por estándares internacionales vinculantes para Chile, como las 40 Recomendaciones del GAFI y el Common Reporting Standard de la OECD, y se refiere a la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee o controla a una persona jurídica. 

La más alta exigencia internacional en esta materia apunta a la creación de registros centralizados y de acceso público de beneficiarios finales que permitan identificar a las personas naturales que en última instancia detentan el control sobre entidades jurídicas que entran en transacciones e intercambios con el Estado, a través de las compras públicas o acceso a subsidios. 

A nivel internacional se multiplican los esfuerzos para transparentar los dueños finales de empresas, toda vez que la opacidad en la propiedad de vehículos corporativos puede ser abusada para facilitar actividades criminales, con altos costos para Estado, para la sociedad y el propio sector empresarial.

A pesar de contar con distintas bases de datos, Chile carece de un registro centralizado de beneficiarios finales, generando problemas de transparencia, competencia y riesgos de corrupción entre empresas y, particularmente en las compras públicas.

Las experiencias de la Unión Europea, Inglaterra, y países de Latinoamérica, como Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, y Uruguay, evidencian que es posible avanzar hacia un registro centralizado y público de esta información.

La falta de datos de dueños reales impide saber qué tan competitivo o concentrado son los mercados y especialmente el mercado público, además la opacidad facilita los medios para cometer ilícitos como colusión, lavado de activos y riesgos de cooptación de funcionarios públicos por parte de empresas. Un riesgo parecido se da en el caso de subsidios a empresas, donde actualmente es complejo prevenir conflictos de interés, sin contar con datos de calidad sobre los beneficiarios finales de las respectivas empresas.

A mayor abundamiento, la inexistencia de un registro centralizado de beneficiarios finales impide que Chile de pleno cumplimiento a instrumentos internacionales que ha suscrito y que serán objeto de evaluación internacional durante el año 2019:
• Proceso de Evaluación Mutua Gafilat del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).
• Proceso de monitoreo del cumplimiento del Common Reporting Standard de Autoridades Tributarias de la OCDE. 
• Proceso de Evaluación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que hace mención expresa de la necesidad de identificación de los beneficiarios finales, en particular frente al lavado de activos provenientes de actuaciones corruptas.

Construir colaborativamente en conjunto con diversos actores, una propuesta de política sobre creación de un registro centralizado de personas naturales que son dueños finales (beneficiarios finales) de las empresas en Chile y evaluar su transparencia, especialmente para empresas que hacen negocios con el Estado o que reciben subsidios estatales, para dar cumplimiento a las recomendaciones de GAFI y OECD en la materia.

Estudiar la factibilidad técnica para que las empresas en Chile registren con datos verosímiles y actualizados sus estructuras societarias hasta la o las personas naturales que finalmente controlan las empresas desde cierto umbral (por ejemplo el 10% de propiedad) o con otra regla que permite la adecuada trazabilidad, y estudiar su transparencia, especialmente cuando son oferentes en una compra pública o cuando reciben subsidios estatales, lo que permite generar el camino para el diseño y la implementación de un registro centralizado que permita dotar de transparencia al sistema de compras públicas, la libre competencia en el mercado público y privado, la prevención de ilícitos, como el LA/FT, la corrupción y el fraude y dar cumplimiento cabal a los estándares internacionales GAFI y OCDE vinculantes para Chile.

La propuesta incluirá:
• Estudio experiencia comparada: Se desarrollará un estudio en profundidad de los registros de dueños de empresas ya establecidos (y transparentados) en otros países.
• Propuesta de sistema nacional: Se presentará una propuesta cómo llevar un registro en Chile.
• Propuesta de reforma legislativa: Se realizará una propuesta de cambios al marco regulatorio actual.
• Sugerencias de Transparencia: Se presentará una sugerencia acerca de cuáles tipos de accesos se deberían dar a este registro, para cuáles personas naturales o jurídicas, tanto del ámbito público como privado. 

Transparencia: El compromiso está enfocado en fortalecer la transparencia de las transacciones que se realizan en el mercado público, promoviendo mayor probidad y control del gasto público junto con la prevención de delitos (LA/FT, Corrupción y fraude).

Colaboración: El compromiso permite co-crear a través de una alianza de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil un camino claro, concreto y factible para implementar en Chile una herramienta de transparencia vital y necesaria a luz de los desafíos institucionales y las exigencias internacionales (GAFI y OCDE).

Participación: El presente compromiso incluye un rol activo de organizaciones de la sociedad civil, para participar en el debate público, entregar aportes y efectuar contribuciones que lleven a una gobernanza más sensible, innovadora y efectiva.

Innovación: El compromiso busca identificar las experiencias tecnológicas más innovadoras y eficaces de la experiencia comparada para su implementación local. 

Vinculación con otros programas de gobierno: El presente proyecto se vincula con los esfuerzos que está realizando el SII con la implementación del CRS de la Autoridades Tributarias de la OCDE.

Vinculación con el plan nacional de desarrollo o con planes sectoriales: El compromiso se vincula directamente con la Estrategia Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo 2018-2020, que en su línea Estratégica N° 1 de Actualización Normativa, N° 3 de Investigación Patrimonial y Activos Decomisados y N° 5 de Coordinación y Cooperación interinstitucional, identificaron la creación de un registro centralizado de beneficiarios finales como uno de los aspectos relevantes y necesarios en el país para la prevención y detección de LA/FT y delitos precedentes. No está de más señalar que la Estrategia Nacional ALA/CFT 2014-2017 incluyó un capítulo específico sólo para Transparencia y Beneficiario final, que culminó con la emisión de la circular 57 de la UAF.

Vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible: El compromiso de Estudio de factibilidad de Registro de Beneficiarios finales comprende se vincula directamente al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de las Naciones Unidas, el cual implica dotar de mayor transparencia al aparato público y la ciudadanía para fortalecer a través de alianzas de trabajo público-privadas para la prevención de corrupción, fraude y LA/FT, a través de la aplicación de los principios de transparencia, colaboración, participación e innovación, para aportar al cumplimiento del objetivo 16 de la agenda 2030 de “asegurar el acceso a la justicia para todos”. 

Para lograr que existan sociedades pacíficas, justas e inclusivas, se hacen propias las metas específicas del objetivo precedentemente mencionado, las cuales buscan:

• 16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada;
• 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas;
• 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas;
• 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales;
• 16.11 Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.

Finalmente, es preciso señalar que este compromiso cuenta con la voluntad y respaldo institucional para su ejecución (estructura organizacional y factibilidad presupuestaria), por parte de la Unidad de Análisis Financiero.

Nivel de cumplimiento

Actividad o producto entregableFecha de inicio

Etapa 1: Estudio de Factibilidad.

Para la realización del Estudio, se programan los siguientes hitos:

  • Sub-etapa 1: Conformación de equipo interinstitucional público- privado.
  • Sub-etapa 2: Diseño de cronograma de trabajo y asignación de responsabilidades.
  • Sub-etapa 3: Ejecución del cronograma de trabajo.
 

Duración: Diciembre 2018 – Septiembre 2029

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Etapa 2: Elaboración de Informe final

Duración: Septiembre 2019 – Febrero 2020

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Etapa 3: Consulta Pública.

Enviar las conclusiones a consulta pública y considerar aportes del sector empresarial y civil.

Duración: Marzo 2020 – Mayo 2020

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Etapa 4: Comisión de reforma legislativa.

Nombrar una comisión para considerar cambios en la legislación chilena necesarios para la implementación del registro.

Duración: Mayo 2020 – Agosto 2020

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Etapa 5: Publicación de informe final

Duración: Agosto 2020

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Información de contacto

 InstituciónUnidad de Análisis Financiero (UAF)
 ResponsableJavier Cruz Tamburrino
 CargoDirector de la Unidad de Análisis Financiero
Correo electrónicojcruz@uaf.gov.cl
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